A un año de las intoxicaciones masivas en la bahía de Quintero

El colectivo Migrar Photo e INTERFERENCIA ofrecen una saga de narraciones gráficas acerca de lo que está pasando en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví. Esto en el marco de la residencia ofrecida por la fotógrafa ecuatoriana Isadora Romero y a un año de las intoxicaciones que afectaron a estos lugares marcados fuertemente por la contaminación de las empresas vecinas.

Cesantía, pobreza e intoxicaciones siguen afectando a los vecinos de Quintero y Puchuncaví. Las 17 empresas del sector continúan funcionando de forma normal, pero los índices de contaminación no bajan. Migrar Photo e INTERFERENCIA recorrieron durante una semana la zona, recogiendo los testimonios y fotografías de la zona de sacrificio en el año en que Chile recibe la COP 25.

Texto: Pedro Pablo Ramírez / Fotografías: Equipo Migrar Photo - Estudiantes Residencia en Zona de Sacrificio

Habitar Quintero, el tiempo que sea, despierta invariablemente la incertidumbre sobre los potenciales daños que esconde el medioambiente. El agua, el aire, las paredes, las jaquecas y los mareos son las preocupaciones que tienen los vecinos de la zona. Algunos tienen confianza en que no es tan grave, otros están desesperados, pero todos saben que existe. 

Durante la semana que estuvo Migrar Photo trabajando en la zona junto a nueve estudiantes y la fotógrafa ecuatoriana, Isadora Romero, la Intendencia de Valparaíso emitió todos los días una alerta a través de sus redes sociales informando que comenzaría a regir el protocolo de gestión de episodios críticos, debido al pronóstico de ventilación atmosférica. 

¿Qué es y para qué sirve este protocolo? La verdad es que en la población nadie lo sabe muy bien. Según el Facebook de la Intendencia, se refiere a la obligación de las empresas de adoptar medidas de resguardo frente a estas condiciones desfavorables, pero tampoco informa cuáles son.

En la misma línea, este lunes 2 de septiembre, la intendencia informó por el mismo canal que la bahía había sido declarada como zona de pre-emergencia ambiental por presencia de dióxido de azufre. “Se registró un peak de SO2 de 901 ug/m3”, dice la publicación, una explicación inentendible para una persona de a pie. Las recomendaciones del afiche son evitar las actividades físicas y los esfuerzos físicos prolongados. Las críticas abundan en los comentarios. 

Desde aquí parte el problema, no existe información oportuna y clara al alcance de la población sobre la situación real del sector. Este fue uno de los puntos que abordó el Instituto Nacional de Derechos Humanos durante la misión de observación que visitó la zona entre el 11 y el 13 de septiembre de 2018. 

La instancia se armó luego de la crisis que comenzó el 21 de agosto de 2018, cuando una nube emanada del parque industrial llegó hasta el centro cívico junto una estela de malos olores, 71 personas se intoxicaron ese día, la gran mayoría niñas y niños. Dos días después, el miércoles 23 de agosto, un segundo episodio ocurrió en la zona y entre ambos episodios sumaron 133 intoxicaciones. 

En base a los Informes Técnicos Nº 726 y Nº727, entregados por la Dirección Regional de la Onemi, el Comité Operativo de Emergencia (COE) indicó que las sustancias tóxicas fueron diferentes en ambos episodios: en la primera medición se detectó metilcloroformo, nitrobencenato y tolueno; en el caso de la segunda ola no se logró identificar sustancias específicas. Finalmente, el 4 de septiembre, otra intoxicación masiva afectó al sector, dejando un saldo de 59 alumnos. 

A un año de estos eventos las dudas persisten, las alertas y los malestares también,  junto a las 17 empresas que se han instalado en la zona desde febrero de 1961. Esta última, cuestión que pone en duda el verdadero compromiso del Estado con las comunidades afectadas, a tres meses de que el país oficie como anfitrión de la cumbre interestatal más importante sobre el cambio climático y las consecuencias de la polución, la versión número 25 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En medio de este escenario, Quintero y Puchuncaví continúan estancados. En términos laborales solo el 6,6% de la población trabaja en el sector industrial, por tanto los beneficios de las empresas en el sector también son bajos, ya que la mayoría de las personas se desempeñan en servicios (86%).

“Esta situación es increíble, estamos hablando de 54 años de contaminación continua que solo ha ido creciendo. Aquí lo único que se prioriza es el progreso, pero nosotros podemos decir que no valemos lo mismo que una persona de La Dehesa, ni siquiera las empresas tributan en la zona, solo nos dejan la contaminación y se quedan afuera todos los beneficios que podrían quedar para la comunidad”, crítica Naomi Carrera, activista de Quintero. 

"Estamos super agobiados, debido a la ley de pesca nosotros podemos trabajar solamente la jibia. Antes la sacábamos en abundancia, pero ahora no podemos ni pescar. Las empresas ocupan toda la bahía y la sobresaturación arrasó con el producto, que además tiene metales pesados, entonces es muy complicado, nos cambió la vida y ha sido duro, muchas familias vivían únicamente de esto", denuncia Hugo Poblete, presidente del sindicato de pescadores S-24 de Quintero. 

En contraste, durante todo este año las playas del sector han experimentado el varamiento de carbón proveniente de las termoeléctricas y las empresas de energía, que les pagan a los mismos pescadores entre 20 mil y 25 mil pesos diarios por recoger los deshechos, cuestión que constató el Instituto de Derechos Humanos. Solo en esta última semana, la playa de Ventanas despertó todos los días con carbón, situación que registró y compartió diariamente con nuestros periodistas, Katta Alonso, presidenta de la agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio.

Cristina Ruíz también pertenece a esta organización y fue una de las víctimas de la intoxicación que afectó la bahía el 23 de agosto. Ese día recorrió durante la mañana la playa registrando los desechos que se habían posado sobre la arena, hasta que comenzaron a llegar mensajes en sus grupos de Whatsapp alertando que en una de las escuelas de Quintero estaban cayendo niños intoxicados. 

Junto a Alonso dispusieron un operativo para ir a apoyar, pero cuando salió a buscar su auto a la calle, las piernas no le dieron, sintió un fuerte mareo, ganas de vomitar y cefalea, también se le secaron los labios y se puso pálida. Partió a la posta de Ventanas y le inyectaron dipirona, en su parte médico, el diagnóstico dice que presentó un cuadro de intoxicación, pero no ahonda en mayores detalles. 

Como dirigentes sociales, Ruíz y Alonso no lo han pasado bien. El 14 de febrero, Ruíz fue detenida mientras grababa un video donde criticaba la presencia de Fuerzas Especiales en la comuna. Durante la detención, personal de Carabineros la desnudó en el patio interior de la comisaría y amenazaron con seguir a su hija de 25 años, que tiene síndrome de down. 

Este no es un caso aislado, en el informe de observación, el INDH entrevistó a un pescador que denunció amenazas por parte de la policía: “Estamos sitiados por Fuerzas Especiales. Ha existido una represión excesiva. Amenazaron a un dirigente, secretario de nuestro sindicato. Quieren frenar las movilizaciones metiendo miedo”. 

Antes de su detención, Ruíz había tenido un pequeño problema con la policía local, cuando le hicieron un control de identidad por instalar unos lienzos en el borde costero. “Ese día a mí me quedó la duda, porque cuando estaban terminando el control, uno de los carabineros le dice a otro que nos tire a la lista de los que estábamos metidos en este tema, ahí comenzaron mis sospechas”. 

Esta situación tomó un camino aún más oscuro, cuando la mañana del 4 de octubre apareció colgado de la línea del tren, en Valparaíso, el dirigente de los pescadores artesanales y del Cabildo Ciudadano de Quintero, Alejandro Castro, alias el mecha, como se le ha conocido públicamente, aunque su real sobrenombre era el “Menche”, por menchevique, corrigen sus ex compañeros. 

De acuerdo a las pericias del Servicio Médico Legal, Castro se habría suicidado, pero la gran mayoría de los dirigentes sociales pone en duda el informe y argumentan que había sido amenazado durante las movilizaciones. 

“Nunca vamos a saber realmente lo que pasó, las dudas siempre van a estar, porque hemos visto cómo se comportan, no nos protegen a nosotros, las personas, si no que usan todos los recursos para protegerlos a ellos”, declara Ruíz. 

La desconfianza con las autoridades ha llegado a un punto importante al interior de las comunidades afectadas. No solo por este tipo de amenazas, si no por la sensación de desinformación que existe al interior de la población. 

“Los testimonios recogidos durante la Misión de Observación señalan sistemáticamente el desconocimiento por parte de los habitantes de lo que significa “alerta amarilla”, las acciones que les corresponde tomar para protegerse, los elementos que tendrán a su alcance y las obligaciones que les corresponden a las autoridades. Incluso en el sector industrial se pudo constatar que una de las empresas no ha recibido información de las autoridades durante toda la situación crítica. Los habitantes se informan de manera informal, a través de rumores o publicaciones particulares en redes sociales; lo que deriva en sensación de angustia”, señala el documento del INDH. 

En el mismo informe, el gerente general de Enap reconoce que no existe una línea base desede la cual comenzar a hacer una medición seria, bajo estándares internacionales del estado del ambiente: “la Bahía de Quintero no tiene línea de base, lo que advierte, es un requisito clave para medir el impacto, siendo además del todo viable que las empresas adopten la decisión de apagar las fábricas para poder tomar las primeras mediciones y de ahí en más, ir tomando nuevas evaluaciones en el tiempo, no adviertiendo ningún obstáculo per se al menos en aquello, ya que nos comenta que todo el parque industrial lo hace permanentemente cuando se debe hacer mantención a las maquinarias industriales”. 

Daya Cisternas, profesora de artes, reclama que la respuesta de las autoridades llega a ser tragicómica: “Nos pasan un purificador de aire para usarlo en la sala de clases, pero todos sabemos que no sirve de nada, si los niños de todas formas salen al patio o comparten en otros espacios del colegio”. 

Esta es la principal preocupación de la comunidad: sus hijos. Recientemente, a principios de agosto, un estudio realizado entre la Defensoría de la Niñez y la Universidad Católica de Valparaíso demostró que durante los episodios de intoxicación que afectaron a la bahía el año pasado, 17 derechos del niño y la niña fueron vulnerados.

“Yo no me merezco pasar por esto. Tengo rabia y estoy desesperada porque nadie se hace cargo de esta situación que estamos pasando. El Estado abandonó sus deberes y nos dejó de lado”, reclama sobre este tema, Trinidad Arriete. Desde enero, ella, su esposo y su nieto sufren una extraña enfermedad en la piel que los especialistas aún no pueden diagnosticar. 

“Cuando llega la noche y me pongo en posición horizontal pasa lo peor, primero me duele, me arde todo el cuerpo y después me pica”, balbucea su marido, Miguel Jofré,  de pie, mientras Arriete repleta la mesa de exámenes y una hoja de cuaderno en la que ha apuntado los seis episodios críticos que han tenido a la fecha, junto a todos los medicamentos que les han inyectado.

Desesperada, la familia de Arriete ha comenzado a renovar toda su casa, cambiando el jardín, el piso, las cortinas y todo aquello de lo que se pueden deshacer. Una situación insólita, pero el estado tampoco les ha dado una respuesta, la última vez que visitó el Hospital de Campaña, que precisamente se levantó luego de las intoxicaciones, el doctor la derivó al psiquiatra, pero ella encuentra muy extraño que le pase lo mismo a su marido y su nieto y sea una cuestión de ese tipo. De todas formas, en caso de lo que fuese, para ella también estarían comprometidos las emisiones de sus vecinos, el parque industrial y la incertidumbre de vivir en una zona de sacrificio industrial. 

Las fotografías y la investigación son el resultado del taller de narrativas visuales, dictado por la fotógrafa, Isadora Romero, dentro del marco de la Residencia Fotográfica en Zona de Sacrificio, organizada por el colectivo Migrar: 

Equipo Migrar: Eric Allende, Alfonso González, Diego Figueroa y Paz Olivares. 

Estudiantes Residencia: H. C, Camila Pérez Soto, Agustino Mercado, Dominique Parcis, Felipe Soto Romero, Pedro Mora Sánchez, Ana Opazo Quiroz, Día Verde y Cristóbal Saavedra. 

Tutora: Isadora Romero

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Muy bueno el artículo sobre la zona de sacrificio

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