En nueve víctimas cifró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cantidad de fallecidos a manos de la policía y fuerzas armadas en medio de la crisis institucional y política que atraviesa Bolivia. Los heridos a manos de las fuerzas represoras alcanzan los 122, registrándose también tres casos de agresión a periodistas en el ejercicio de su profesión tan sólo durante el viernes 15, de acuerdo con la misma entidad.

Es bajo este contexto que la presidenta interina autoasignada, Jeanine Áñez, firmó el Decreto Supremo 4078, dictamen que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas que participen en operativos de restablecimiento del orden y estabilidad pública.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la CIDH catalogó el decreto como “grave” dado que “desconoce los estándares internacionales de DD.HH. y por su estilo estimula la represión violenta”. Luego, la Comisión condenó “cualquier acto administrativo del gobierno de #Bolívia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales”.

Quien también se sumó a las críticas por la iniciativa del gobierno de facto boliviano fue el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. También a través de su cuenta de Twitter, Fernández acusó al gobierno de Áñez de haber “liberado a las Fuerzas Armadas para que actúen sin tener que responder por sus crímenes”. Además, el futuro mandatario trasandino llamó tanto a la Organización de las Naciones Unidas como a su Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a intervenir en el conflicto.

El ministro de la Presidencia de Bolivia, Jerjes Justiniano, respondió a las críticas de la CIDH asegurando que “el decreto tiene una base constitucional”, cuya finalidad es “contribuir con el orden nacional”.

Justiniano indicó que el decreto eximirá de responsabilidad al personal de las Fuerzas Armadas cuando éste participe en operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública sólo para los casos en que “actúen en legítima defensa o en estado de observancia de absoluta necesidad”, agregando que esta iniciativa busca que las FF. AA. “actúen como factor de disuasión”