Las declaraciones de Arenas llegaron al término del comité político que encabezó el Presidente Kast tras su regreso de Europa, y pocas horas después de que se conociera un caso documentado de reincidencia. Como dio a conocer Interferencia en un artículo publicado este viernes, el venezolano Edixon Escobar García, a quien el ministro Rabat le rebajó seis meses de condena por narcotráfico el 23 de abril, permanece en prisión preventiva desde el 30 de octubre en Arica, imputado nuevamente por tráfico de drogas.

Frente a ese caso, el vocero optó por ampliar el foco. “Son miles y miles de casos que han sido beneficiados con esta ley de rebaja de condenas”, sostuvo, y defendió que “no fue este gobierno el que ha dejado libre a personas”. Según precisó Arenas “las personas que se acogieron al beneficio de rebaja de condenas vienen del año 2003”. Las reincidencias, indicó, se explicarían porque la ley “no tenía exclusiones” más allá de los delitos sexuales.

El argumento no es nuevo. El 27 de octubre, consultado por los informes de Gendarmería que advertían un alto riesgo de reincidencia en algunos de los beneficiados, el propio Rabat había dicho que “no es el Ministerio de Justicia quien analiza el mérito de la solicitud” y que, en el sistema vigente desde 2003, “ese riesgo siempre ha estado latente”, como recogió 24 Horas.

Derogar “de raíz”

El proyecto que el gobierno patrocinará es una moción de los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Republicano), Karim Bianchi (IND) y Pedro Araya (PPD), que elimina el beneficio para todos los condenados y no solo para quienes cometieron delitos sexuales. “Ni siquiera vamos a tratar de dar una interpretación más adecuada”, afirmó Arenas. “Nadie más va a poder acceder a estos beneficios de rebaja de penas”, agregó.

El vocero también cargó contra la oposición, a la que acusó de no haber logrado el acuerdo para que la Comisión de Constitución del Senado comenzara a tramitar los proyectos que restringen los beneficios penitenciarios. A su juicio, esa postura “demuestra una pequeñez política gigantesca” y confirma que “se está estirando esta famosa presentación de la acusación constitucional” contra Rabat, reprochó en declaraciones recogidas por CNN Chile.

“No hay cambio de gabinete”

Consultado por un eventual ajuste ministerial que dejara fuera al titular de Justicia, Arenas fue categórico: “No hay cambios de gabinete actualmente en nuestro gobierno”. “Todos los ministros cuentan con el respaldo del Presidente de la República”, insistió. Era la segunda vez en la semana que el vocero cerraba esa puerta. El miércoles 4 ya había asegurado que “nadie en el gobierno está hablando o pensando en un cambio de gabinete” y que, “mientras esté este gabinete, cuenta con todo el respaldo del Presidente de la República”. 

Las aristas que complican al ministro

El respaldo del gobierno llega en la semana en que el caso sumó nuevos frentes. Desde que Interferencia reveló el 21 de octubre los 56 decretos que rebajaron condenas a condenados por delitos sexuales contra menores, y que el ministro atribuyó a la Corte Suprema, este medio ha publicado los decretos que desmienten la “doctrina Rabat”, las rebajas a integrantes de una banda que decía ser del Tren de Aragua, las que el ministerio aprobó pese a las objeciones de sus propias Seremi y, este jueves, las que beneficiaron a extranjeros condenados por narcotráfico.

Otros medios han abierto nuevas líneas. El miércoles 4, Ciper analizó 15 recursos de amparo presentados este año por condenados por delitos sexuales contra menores. En 13 de ellos, las cortes de Santiago y Valparaíso solo ordenaron al ministerio pronunciarse, y en uno los jueces precisaron que podía “reconocer o rechazar el beneficio”, lo que contradice la tesis de Rabat de que estaba obligado a conceder las rebajas. Al día siguiente, Reportea documentó que entre marzo y junio la Corte Suprema confirmó al menos seis rechazos del ministerio a este tipo de rebajas, fallos que Rabat no mencionó ante el Congreso.

La unidad de investigación de BioBioChile, en tanto, ha identificado a 43 de los 56 beneficiados, en un caso en que el ministerio aún no entrega la nómina completa. Y este viernes, T13 informó que Rabat abrió un sumario para determinar quién filtró los decretos, mientras sondea abogados para su defensa ante la acusación constitucional que la oposición prepara presentar en los próximos días.

Oficio por los extranjeros beneficiados

La arista de los extranjeros también llegó al Congreso. Este viernes, a partir de lo revelado por Interferencia, los diputados Juan Santana (PS), César Valenzuela (PS), Consuelo Veloso (FA) y Marcos Barraza (PC) oficiaron al Servicio Nacional de Migraciones, a la Subsecretaría del Interior y a la Policía de Investigaciones (PDI), que hoy depende del Ministerio de Seguridad, para conocer la situación migratoria de los extranjeros condenados por drogas que recibieron rebajas de condena. Los parlamentarios piden precisar cuántos tenían una orden de expulsión vigente, cuántos fueron efectivamente expulsados al salir de la cárcel y cuántos permanecen hoy en Chile.

Santana calificó la consulta como “muy sencilla”: saber “si es que realizaron los actos administrativos necesarios para concretar estas expulsiones”. Veloso planteó la necesidad de conocer “cuál es el estado de estas personas” y “si es que van a hacer su trabajo realmente y a decretar estas órdenes de expulsión”, “para evitar seguir manteniendo en riesgo permanente a la población”.

Barraza fue más duro: “Este se suponía que iba a ser el gobierno de la seguridad pública”, reprochó, antes de acusar a “un gobierno que trata con amor a los delincuentes”. Valenzuela, en tanto, ironizó que “nunca tuvimos dudas que este gobierno iba a ser el gobierno que iba a defender a los súper ricos”, y agregó: “nos sorprende que además se haya transformado en el gobierno que defiende a los narcos”.