Desde las 15:00 horas de ayer miércoles y hasta las 2:40 de hoy jueves se extendió la votación en particular en el Senado de la megarreforma propuesta por el Gobierno de José Antonio Kast, en una sesión convocada hasta total despacho, que se anticipaba maratónica. 

Dada su calidad de ley miscelánea, el proyecto reúne 38 artículos permanentes y 25 transitorios, lo que en la práctica habilita a los senadores a pedir votaciones separadas para cada letra o numeral de cada disposición. El oficialismo llegó a la jornada con un margen mínimo: 26 votos, uno más de los necesarios para aprobar por mayoría simple. 

Durante la sesión, la Cámara Alta dio luz verde a los pilares fundamentales de la reforma. Entre las medidas aprobadas destacan la reducción progresiva del Impuesto de Primera Categoría, que bajará del 27% al 23%, y la reintegración del sistema tributario. Asimismo, se dio curso a un nuevo régimen de invariabilidad tributaria para las inversiones, al crédito al empleo, a la exención en el pago de contribuciones para adultos mayores que posean su primera vivienda, y a una norma que garantiza un mecanismo de indemnización para aquellos inversionistas cuyas Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) resulten anuladas por la justicia.

A estas medidas se añaden las modificaciones aprobadas a la Ley de Tribunales Ambientales, la reforma a la legislación sobre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cambio normativo para la Ley de Monumentos Nacionales y la disposición transitoria que fija un gravamen del 50% sobre herencias y donaciones, entre otros aspectos.

La ronda de votaciones partió más tarde de lo previsto: recién a las 16:30 horas se aprobó el primero de los 63 artículos de la iniciativa, el referido a la reconstrucción por los incendios en Valparaíso, Ñuble y el Biobío, que logró unanimidad con 50 votos a favor.

Ya comenzada la jornada, la Sala aprobó un primer bloque de normas que contaban con el visto bueno de la Comisión Mixta. Entre ellas, disposiciones sobre reconstrucción, evaluación ambiental, educación superior, empleo público, probidad administrativa, comercio exterior y seguridad privada. En concreto, se dieron por aprobados los artículos 2, 6, 23, 24, 25, 26, 27 y 28, además de los numerales 2, 3 y 8 del artículo 11, junto con los artículos décimo tercero y décimo séptimo transitorios. Estas normas, al no ser objeto de indicaciones ni modificaciones, se despacharon sin mayor debate.

La fórmula por tramos para la invariabilidad tributaria, previamente acordada entre el Ejecutivo y senadores del PPD, se aprobó en la Sala con 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, consolidándose como uno de los puntos más debatidos. El sistema fija plazos de resguardo según el nivel de inversión: 10 años para montos entre US$ 50 millones y US$ 350 millones; 15 años para cifras de hasta US$ 1.000 millones; y 20 años para proyectos que superen dicha cantidad. Para acceder a este beneficio, las compañías deberán asumir el pago de una sobretasa de 1,5 puntos porcentuales.

En una definición que marcó el registro más ajustado de la sesión, la Sala también ratificó el artículo 12, que establece un mecanismo de indemnización ante la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), con 25 votos favorables frente a 24 en contra. La abstención del senador Miguel Ángel Calisto obligó a una segunda vuelta reglamentaria por su incidencia directa en el desenlace; no obstante, al persistir el mismo balance en las urnas, la norma se dio por aprobada. Acto seguido, los parlamentarios de oposición formalizaron una reserva de constitucionalidad frente a esta disposición.

De manera inesperada, el crédito al empleo —la medida con mayor impacto fiscal— concitó un respaldo transversal de 44 votos a favor, registrando solo la abstención de Karol Cariola (PC) y el voto en contra de Daniella Cicardini (PS). La amplia adhesión respondió a la apertura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para focalizar este beneficio tributario en firmas exportadoras y servicios tecnológicos de alto valor. Gracias a este ajuste, el costo fiscal de la disposición experimentó una drástica reducción, pasando de los US$ 1.670 millones originales a cerca de US$ 150 millones.

Concluida la sesión, se prevé que la Cámara de Diputados vote el proyecto el próximo martes, posiblemente en su última etapa legislativa. Con esto, la iniciativa quedaría lista para su promulgación, a menos que se interponga la reclamación que el bloque de oposición presentará ante el Tribunal Constitucional.