En lo que constituye la primera conmemoración del 18 de octubre bajo la presidencia de José Antonio Kast, el Ejecutivo resolvió abordar el séptimo aniversario del estallido social a través de una doctrina de estricto control policial y omisión de actos oficiales.

Desde La Moneda se ratificó que no existen autorizaciones para marchas en la Región Metropolitana durante la jornada dominical, al tiempo que los partidos de la coalición gobernante salieron en bloque a presionar a las colectividades de izquierda para que condenen los hechos de violencia ocurridos en 2019 y cuestionen abiertamente los indultos otorgados durante la administración anterior.

La postura operativa del gobierno fue explicitada por el ministro interino del Interior, Máximo Pavez, quien confirmó la negativa a conceder permisos para actos masivos en el centro de Santiago. "De acuerdo a una comunicación que he sostenido con el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, y su equipo, no hay solicitudes de marchas autorizadas para el domingo. Por lo tanto, es interés del Gobierno tomar ese día con normalidad", aseveró la autoridad de la cartera de Interior.

Como parte del dispositivo preventivo, los mandos de Carabineros dispusieron el acuartelamiento del personal de Control de Orden Público (COP), junto con el refuerzo de la custodia en recintos policiales y estaciones del Metro de Santiago.

A la estrategia del nivel central se sumó el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, quien advirtió una persecución penal estricta frente a eventuales daños en la vía pública. "Nosotros vamos a ser bastante implacables. No solamente en perseguir a aquellas personas que destruyan, sino también en mantener lo que hemos invertido para recuperar la ciudad", sostuvo la autoridad regional al referirse a las obras urbanas en el eje Alameda-Providencia.

En el terreno político, las fuerzas que sostienen al gobierno de Kast —compuestas por el Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y Demócratas— buscaron apoderarse del relato público mediante una pauta conjunta en el Congreso Nacional de Santiago. Bajo la firma de la carta titulada "Chile sin violencia: un compromiso por la paz", las dirigencias de derecha reiteraron su rechazo a las movilizaciones de 2019 e interpelaron directamente al Frente Amplio y al Partido Comunista.

El texto oficialista criticó además las decisiones del expresidente Gabriel Boric sobre los beneficiarios de indultos y pensiones de gracia. "Chile no debe olvidar que hubo sectores políticos que justificaron, avalaron y aplaudieron la violencia de octubre de 2019, que llamaron a evadir, romantizaron a la 'primera línea' y convirtieron el saqueo en un acto de malentendida justicia", consigna el documento suscrito por los presidentes de las colectividades del bloque.

Durante la presentación del Manifiesto, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, explicitó la intención de acorralar políticamente a la oposición antes del fin de semana. "Esta declaración es también un emplazamiento a los partidos y a los dirigentes políticos que titubearon en esa condena siete años atrás", señaló el parlamentario republicano, exigiendo un pronunciamiento público explícito de toda la oposición de aquí al domingo. En esa misma línea, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, enfatizó que la condena debe alcanzar a "aquellas personas que desde la política están dispuestos a aprovechar la violencia para llevar agua a su molino, para poder sacar alguna ventaja política".

No obstante el despliegue del oficialismo y el veto administrativo a las autorizaciones de marcha, diversas plataformas sociales, sindicales y estudiantiles decidieron sostener sus convocatorias en el espacio público.

Bajo el lema "Nos están quitando todo, es la hora de levantarnos", agrupaciones territoriales hicieron un llamado a la denominada "Gran Marcha de Chile", fijada para el mediodía de este domingo en el sector de Plaza Baquedano.

A esa misma hora se prevé una concentración de la Central Clasista de Trabajadores en la Alameda a la altura de la Estación Universidad de Chile, mientras que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) convocó a movilizaciones descentralizadas y a un punto de encuentro programado para las 14:00 horas.

Las organizaciones argumentan que la jornada no solo conmemora el hito de 2019, sino que canaliza la resistencia frente a la agenda de recortes sociales y ajustes presupuestarios implementados por la actual administración de ultraderecha.