En lo más profundo de la cordillera de San Clemente, en la Región del Maule, se emplaza el Valle de los Cóndores: un paisaje de plataformas escalonadas, paredes verticales y aguas turquesa que hoy es uno de los sectores de escalada más reconocidos de Sudamérica, con más de 300 rutas, además de un territorio de alto valor patrimonial, arqueológico y geológico.

Ese mismo territorio fue, desde 2021, el epicentro de uno de los conflictos socioambientales más prolongados de la región: el proyecto "Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (Chile) – Río Diamante (Argentina)", conocido como Alto Maule, impulsado por Enel Generación Chile. La iniciativa buscaba instalar una línea de transmisión eléctrica de 500 kV para interconectar los sistemas energéticos de Chile y Argentina a través del Paso Pehuenche, y contemplaba en territorio chileno entre 72 y 76 torres de hasta 45 metros de altura a lo largo de 26,7 kilómetros, con una inversión estimada de 36 millones de dólares y una vida útil proyectada de 60 años.

Para Enel, el proyecto respondía a una lógica de negocio energético entre ambos países más que a una necesidad de abastecimiento local: la matriz eléctrica de San Clemente, comuna que ya concentra doce de las 29 centrales hidroeléctricas de la región del Maule, —la mayor cantidad por comuna en todo Chile—, no requería esta infraestructura para su propio suministro.

El trazado atravesaba 26 vegas altoandinas —ecosistemas clave para el almacenamiento natural de agua de la cuenca— y bordeaba la Laguna del Maule y el área protegida Potrero Lo Aguirre, en una zona donde ya operan doce centrales hidroeléctricas, lo que ha valido a San Clemente el apodo de "la comuna de las hidroeléctricas". El territorio integra además la Zona de Interés Turístico (ZOIT) Lago Colbún–Rari y es uno de los pilares de la candidatura del Geoparque Pillanmapu ante la UNESCO. El proyecto ponía en riesgo especies como el cóndor andino, el flamenco altoandino, guanacos y reptiles endémicos, pero el foco de mayor preocupación fue el Alsodes pehuenche, anfibio en peligro crítico con menos de mil ejemplares silvestres conocidos, cuyo hábitat coincide justamente con el trazado propuesto.

Desde que se presentó a Participación Ciudadana en 2021, el proyecto enfrentó una oposición sostenida. En casi cinco años de tramitación acumuló tres Informes de Solicitud de Aclaraciones (ICSARA), tres adendas y seis suspensiones o prórrogas del proceso. La agrupación "Salvemos Alto Maule", liderada por voceras como Camila González Fuentes, ingeniera en recursos naturales renovables, y Bárbara Meneses Catalán, directora de ONG Andes Sustentable, logró movilizar más de 16 mil observaciones ciudadanas y varias marchas en Talca. González cuestionó la falta de estudios hidrogeológicos sobre las vegas altoandinas, mientras Meneses planteó que la fragmentación del territorio por las centrales ya existentes resulta incompatible con el desarrollo turístico sostenible que busca la región. Uno de los puntos centrales del reclamo ciudadano fue que Enel nunca evaluó en serio el soterramiento de la línea usando la faja fiscal de la Ruta CH-115, tecnología que la empresa sí utiliza en Europa para proteger paisajes similares.

A la oposición técnica y ciudadana se sumó un respaldo político transversal: el alcalde de San Clemente, Juan Rojas, la ex alcaldesa María Inés Sepúlveda, el gobernador regional Pedro Pablo Álvarez-Salamanca y, de forma unánime, los 20 consejeros regionales del Maule, quienes en julio aprobaron una declaración pública de rechazo por su incompatibilidad con la postulación del Alto Maule como Geoparque UNESCO. El diputado Roberto Celedón también se sumó al rechazo. La controversia escaló a nivel internacional cuando el actor y activista Leonardo DiCaprio advirtió en redes sociales, días antes de una primera votación, sobre la amenaza que representaba el proyecto para la supervivencia de la rana del Pehuenche.

Más allá de la cordillera del Maule, la interconexión proyectaba una obra binacional de gran escala: la línea de 500 kV continuaría por otros 312 kilómetros en territorio argentino hasta la subestación Río Diamante, en Mendoza, con una inversión total, según registros trasandinos, de hasta 160 millones de dólares. Para Enel, el proyecto respondía a una lógica de negocio energético entre ambos países más que a una necesidad de abastecimiento local: la matriz eléctrica de San Clemente, comuna que ya concentra doce de las 29 centrales hidroeléctricas de la región del Maule, —la mayor cantidad por comuna en todo Chile—, no requería esta infraestructura para su propio suministro.

El 27 de julio de 2026, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publicó el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), que recomendaba la aprobación del proyecto tras considerar que el titular había respondido las observaciones de los organismos públicos. La votación definitiva quedó en manos de la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) del Maule, cuya primera sesión, fijada para el 10 de agosto, fue suspendida sin explicación oficial, generando desconfianza entre las organizaciones ciudadanas y un oficio del diputado Celedón para exigir transparencia.

La sesión se reprogramó para este lunes 17 de agosto, y finalmente la COEVA rechazó el proyecto por nueve votos contra dos, argumentando discrepancias relevantes en materias de biodiversidad, bienes protegidos, paisaje y actividad turística. La Delegación Regional precisó en un comunicado que la iniciativa había ingresado al SEIA en octubre de 2021 y fue tramitada durante la administración anterior, por lo que la comisión actual recibió un proceso que ya venía avanzado. Se trata de una mayoría amplia y contundente, considerando que el propio ICE del SEA había recomendado la aprobación apenas tres semanas antes.

El rechazo, sin embargo, no cierra necesariamente el caso. Enel Generación Chile tiene un plazo legal de 30 días, una vez notificada la resolución, para presentar un recurso de reclamación ante el Comité de Ministros. Al tratarse de un Estudio de Impacto Ambiental, esa reclamación debería ser revisada por los titulares de Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería, instancia que podría mantener el rechazo, modificarlo o revertir por completo lo resuelto en el Maule —el mismo camino que la propia Bárbara Meneses había anticipado semanas antes como la "última instancia" a la que estaban dispuestos a llegar si el proyecto se aprobaba—. El desenlace corona, por ahora, casi cinco años de tramitación en los que el pronunciamiento técnico del SEA terminó chocando con el rechazo prácticamente unánime de las autoridades políticas regionales y comunales, y donde el soterramiento del cableado, la alternativa planteada por los propios opositores, nunca llegó a ponerse en práctica.