El académico había sido desvinculado de la casa de estudios a fines de 2023 por “faltas a la probidad”. Al investigar la situación, el ente contralor indicó en 2024 que en el sumario administrativo no se advertían pruebas que permitieran sostener, fundadamente, que Mayol hubiera incurrido en las conductas que se le reprocharon y que terminaron con su destitución. La Usach intentó interponer un recurso de reposición en contra de dicha determinación, lo que fue rechazado por la Contraloría. 

El conocido sociólogo y analista político buscaba que el tribunal de alzada revise la decisión de la casa de estudio. Su abogado Isidro Solís en la presentación apuntó a varias anomalías en el proceso administrativo. La defensa de Mayol -en todo caso- desistió del recurso, a la espera de una decisión en Contraloría.