Desde la organización que agrupa principalmente a empresarios del rubro de la construcción apuntan a los servicios públicos, quienes “de una manera totalmente autoritaria y arbitraria” habrían dado término a las obras por incumplimiento de plazos, sin considerar el contexto de restricciones de movilidad que se vivía en esas fechas, lo que hasta el día de hoy mantendría retrasada una importante cantidad de servicios e infraestructura para la ciudadanía.