El máximo tribunal no admitió el recurso presentado por la defensa, por lo cual se confirma la condena de 11 UTM y costas en contra. Interferencia estudia la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por vulneración a la libertad de expresión, al perseguir penalmente publicaciones que fiscalizan a funcionarios públicos, en este caso, un ex jefe de inteligencia policial.