El documento realizado por el estudio Contreras Velozo sirvió para fundamentar la cobranza a los deudores y ahora es utilizado como argumento por la Tesorería frente a los recursos de protección presentados por los morosos afectados.

La Tesorería General de la República ejecutó embargos sobre cuentas bancarias de deudores morosos del CAE, vaciando en algunos casos la totalidad de los fondos disponibles. La medida, ordenada por el ministro Quiroz, desató denuncias masivas en redes sociales, críticas transversales desde la oposición y una disputa legal abierta en los tribunales sobre si el procedimiento es siquiera legal.