Las denuncias fueron entregadas al Poder Judicial brasileño después de nueve años de investigación por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se estableció -al contrario de lo que ha propugnado el Ejército y Jair Bolsonaro- que el crimen cometido en la Amazonía en 1973 corresponde a ejecuciones y desapariciones planificadas, y no a enfrentamientos con guerrilleros.