Las tres compañías y cinco altos directivos se concertaron para afectar a su favor, sin competencia, la adjudicación de los permisos de operación en 2020 y 2021. Según la Fiscalía Nacional Económica, entre 2017 y 2023 estas firmas concentraron el 90% de los ingresos de la industria de casinos en Chile. El organismo solicitó poner término a los permisos obtenidos “para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores”.