El borrador reconoce que estos son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida, el desarrollo de la sociedad y que aportan económicamente al país. Además, señala que el Estado deberá garantizar el derecho a ser cuidado en un país donde las labores de cuidado no son remuneradas y que son ejercidas en un 85% por mujeres.