En septiembre de 2024, tras una auditoría de CGR, la DGMN denunció a una lista de propietarios de armas que habían fallecido y cuyos herederos no habían reportado su tenencia. Sin embargo, la semana pasada el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación. Siete días después, Contraloría publicó una nueva auditoría a la pérdida de armas, remitiendo antecedentes similares a Fiscalía.