“Lo más paradójico de la eliminación del principio de proporcionalidad es que perjudica tanto a los ciudadanos como a los propios funcionarios policiales. Sin parámetros claros para medir la legitimidad de sus acciones, los agentes del orden quedan en una zona gris donde su desempeño será evaluado con criterios cambiantes según el contexto político o mediático. La proporcionalidad no es una restricción caprichosa impuesta a las policías; es una herramienta que les otorga certeza jurídica, les permite justificar sus intervenciones con base en estándares reconocidos y los protege frente a acusaciones arbitrarias. Su eliminación, lejos de "liberar" a las fuerzas de seguridad, las expone a una mayor incertidumbre operativa”.