Cinco ex dirigentes sindicales impulsan una demanda en contra del Estado por las consecuencias que tuvo en ellos la Ley de Modernización Portuaria Estatal. Acusan que su rol sindical en el pasado les ha perjudicado hasta dejarlos sin posibilidad de empleo, pues el esquema monooperador que favoreció la legislación permite a su principal empleador vetar sus nombres.