La iniciativa busca crear una nómina de personas condenadas por delitos e incivilidades que perderían beneficios estatales y quedarían impedidas de realizar diversos trámites. Mientras el gobierno la presenta como una herramienta para enfrentar el deterioro de la convivencia, exautoridades y expertos advierten posibles conflictos constitucionales y cuestionan el uso de beneficios sociales como mecanismo de castigo.