La denuncia fue interpuesta en octubre de 2024 por el Consejo de Pueblos Atacameños contra las mineras que operan en el núcleo salar de Atacama debido a que el hundimiento se produce en la zona donde están instalados los pozos de extracción del mineral.

Las comunidades del Salar de Atacama insisten en defender su reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental por un controvertido Plan de Cumplimiento de US $25 millones ofrecido por SQM tras una investigación que reveló que la empresa había sobreextraído salmuera del yacimiento. Pese a la presiones del gigante del litio, las comunidades afirman que no cederán ante su influencia y exigen que se revoque el permiso ambiental de la iniciativa.