Diez corporaciones educativas no ejecutaron entre 300 y 3.000 millones de pesos recibidos en aportes fiscales durante el 2019. Pese al saldo a su favor, optaron por acogerse a la Ley de Protección al Empleo, dejando a decenas de trabajadores con contratos suspendidos. El Colegio de Profesores anunció que acudirá a la Contraloría.