Este tratado obliga a los Estados que quieran desarrollar proyectos en alta mar a realizar un estudio de impacto ambiental. Además, asegura que nadie pueda apropiarse de los recursos genéticos marinos. Aunque aún es necesario que, al menos, 60 países ratifiquen el acuerdo para que entre en vigor, con la firma los Estados estamparon su compromiso con el acuerdo, lo que no solamente es un gesto político, sino que también “tiene consecuencias jurídicas”, explica en esta entrevista el abogado Cristian Laborda, experto en derecho del mar y quien ha participado del proceso.