Se trata de inmuebles que se venden a precio de ‘gangas’, por tratarse de casas o departamentos que están judicializados o en medio de un embargo, provenientes de remates e incluso en muchos casos, sin todavía ser desalojados por sus antiguos propietarios. De esa forma, el comprador invierte ‘a ciegas’, apostando por un potencial título de propiedad que se le otorgará una vez finalizado el proceso judicial pendiente, trámite que podría durar hasta un año y medio.