Chile acaba de firmar un Memorándum de Entendimiento con Estados Unidos para colaborar en minerales críticos, incluyendo facilitación de inversiones, exploración y adecuaciones normativas. Las tierras raras aparecen hoy como un recurso estratégico para las cadenas industriales, militares y tecnológicas del capitalismo global. Bajo el discurso de la “transición energética”, se pretende profundizar el rol histórico de nuestros territorios como proveedores de materias primas, sacrificando ecosistemas, soberanía y formas de vida comunitaria.

La estrategia de minerales críticos del Norte Global nos impone seguir siendo zonas de extracción y exportación de naturaleza. Se profundiza el extractivismo en nuestros territorios, con todos los impactos ambientales y sociales que esto implica: precarización territorial, profundización de desigualdades y pérdida de soberanía sobre nuestros bienes comunes y nuestras posibilidades de construir caminos autónomos de desarrollo en colaboración con otros pueblos de la región.

La “transición energética” como nueva fase del saqueo extractivista

En este escenario, la empresa Aclara busca posicionarse como pieza estratégica de la política estadounidense para asegurar suministro de tierras raras fuera de China. La estrategia de “lavado de imagen” opera en distintos niveles. A nivel comunitario y regional, intenta manipular la percepción ciudadana para obtener “licencia social”, ofreciendo empleo y beneficios materiales a ciertos sectores de la comunidad, además de establecer alianzas con universidades y actores empresariales. A nivel nacional, vincula esta minería con las proyecciones del gobierno respecto a la inserción internacional de Chile en el mercado global de minerales críticos. Y a nivel internacional, establece alianzas con Estados Unidos para obtener financiamiento y tecnología de refinamiento en el marco de esta disputa geopolítica.

La llamada “minería verde” o “minería ecológica” que promueve Aclara es parte de esta construcción discursiva destinada a despolitizar y ocultar la naturaleza extractivista del proyecto. Hablan de “cosecha circular de minerales”, como si se tratara de una actividad agrícola; llaman “zona de extracción” al rajo minero y “Zona de disposición” a los depósitos de desechos tóxicos y relaves. Incluso invisibilizan la presencia de elementos radioactivos asociados a las tierras raras, como Uranio y Torio, algo confirmado mediante análisis de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

La empresa Aclara ha promocionado una planta piloto y ha recibido premios internacionales de carácter empresarial como los SEAL Awards para proyectar una imagen de sustentabilidad. Sin embargo, esto ocurre luego de que el proyecto ha sido rechazado ambientalmente en cinco ocasiones entre 2016 y 2023. La comunidad percibe estas acciones como parte de una estrategia sistemática de “limpieza de imagen”.

Existe una razón profunda para esta desconfianza. Son ocho años de conflicto territorial en los que la comunidad ha constatado que la empresa miente u oculta información sobre los impactos reales del proyecto, tanto ambientales como sociales y socioculturales.

La principal oposición proviene de la comunidad organizada en su conjunto: organizaciones vecinales, deportivas, pescadores artesanales, pequeños empresarios gastronómicos y turísticos, organizaciones mapuche y ciudadanía en general. Esta oposición se ha expresado en consultas ciudadanas convocadas por el municipio —incluyendo participación de niñeces y adolescentes—, movilizaciones callejeras e impugnaciones institucionales.

Mientras la mayoría de los ministerios y servicios públicos facilitan o promueven inversiones extractivistas, la Municipalidad de Penco ha mantenido una posición firme contra el proyecto. Distintos alcaldes y concejos municipales, independientemente de su color político, han manifestado públicamente su rechazo mediante informes técnicos, declaraciones y votaciones políticas, declarando además a Penco como Comuna Libre de Minería.

Licencia social, criminalización y disputa por el territorio

El proyecto amenaza directamente ecosistemas de altísimo valor ecológico. La zona donde se pretende instalar contiene relictos de bosque nativo endémico con especies protegidas como el Naranjillo, el Pitáo y el Queule, declarado Monumento Natural. Se trata de un territorio ubicado a menos de dos kilómetros de la zona urbana, reconocido por la comunidad como espacio de contacto con la naturaleza y recreación.

Los impactos ambientales son múltiples y graves: uso y contaminación de grandes cantidades de agua; riesgos por transporte y uso de sustancias tóxicas; contaminación de suelos y napas subterráneas; destrucción de cobertura vegetal; contaminación radioactiva asociada al almacenamiento de desechos y exposición de trabajadores y comunidades a radiación ionizante.

Penco además es una comuna costera cuya economía depende de la pesca, la gastronomía, el turismo, la agricultura y actividades portuarias. La comunidad percibe una amenaza directa a sus formas de vida y economías locales debido a la cercanía del proyecto minero con la ciudad y el borde costero.

Pero quizá uno de los daños más profundos provocados por la empresa ha sido la afectación del tejido social y de la convivencia comunitaria. Las estrategias empresariales de manipulación de necesidades, generación de expectativas económicas, ofertas laborales y transferencia de beneficios materiales buscan dividir a la comunidad y alterar la percepción de las amenazas reales del proyecto. A pesar de ello, se mantiene una oposición mayoritaria a la minería de tierras raras en Penco y territorios cercanos.

En Chile existe además un preocupante clima de criminalización y hostigamiento contra comunidades que defienden sus territorios frente a proyectos extractivos. El Estado tiene responsabilidad en esto, tanto por la represión directa de manifestaciones como por el apoyo institucional a proyectos resistidos por las comunidades.

Aclara llegó incluso a intentar censurar críticas en redes sociales mediante acciones judiciales contra dos reconocidos activistas de Penco. La empresa alegó afectación a su “derecho a la honra” por publicaciones realizadas desde redes sociales de la organización “Keule Resiste”, pese a que ninguno de los dirigentes administraba dichas cuentas. Aunque inicialmente la Corte de Apelaciones del Biobío falló a favor de la empresa, finalmente la Corte Suprema revirtió esa decisión y absolvió completamente a los defensores territoriales.

Este caso generó una importante solidaridad nacional e internacional con la comunidad de Penco y evidenció hasta dónde pueden llegar las empresas para intentar silenciar la resistencia social.

La comunidad ha debido construir sus propias fuentes de información desde 2018. La experiencia histórica minera de Chile permite comprender que los territorios donde se instala la minería suelen sufrir degradación ambiental y precarización socioeconómica. La región del Biobío conoce además las consecuencias de un siglo de explotación carbonífera.

Mientras tanto, sectores ligados al gobierno y cercanos a la empresa han intentado ridiculizar la oposición comunitaria señalando que “seis naranjillos” no pueden detener una inversión estratégica para el país. Sin embargo, la comunidad está suficientemente informada y comprende que este proyecto representa una amenaza estructural para el territorio.

Penco no es zona de sacrificio: defensa territorial y soberanía de los pueblos

En esta región también predomina el monocultivo forestal intensivo. Penco está rodeado por plantaciones de pinos y eucaliptus y ha sufrido reiteradas amenazas de incendios forestales agravados por la irresponsabilidad de las empresas forestales. Existe una conciencia profunda sobre la pérdida de biodiversidad y la destrucción provocada por el monocultivo.

Por eso la comunidad ha levantado una propuesta alternativa: un Parque para Penco, destinado a proteger el bosque nativo remanente y restaurar ecosistemas degradados tanto por las forestales como por la amenaza minera. Aquí emerge con fuerza una defensa integral de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, basada en la relación histórica, cultural y territorial de la comunidad con su entorno.

Debemos comprender que la defensa territorial hoy requiere articulación intersectorial, solidaridad entre pueblos y estrategias compartidas frente a esta nueva avanzada extractivista. Comunidades de Chile y Brasil enfrentan la misma amenaza de Aclara Resources y tienen el desafío de construir articulaciones internacionales para resistir conjuntamente esta incursión extractiva.

Lo que está en disputa en Penco va más allá que un proyecto minero, lo que está en juego es el tipo de relación que queremos establecer con nuestros territorios, con la naturaleza y con las comunidades que históricamente han sostenido la vida en estos espacios.

Este sábado 6 de junio, la movilización desde Penco hasta Lirquén será una demostración de fuerza y dignidad territorial frente a quienes pretenden convertir nuevamente nuestros territorios en zonas de sacrificio para abastecer las necesidades del Norte Global.

La defensa de Penco es también la defensa de la soberanía de los pueblos, de la biodiversidad, del derecho a decidir sobre nuestros territorios y de la posibilidad de construir futuros fuera de la lógica del saqueo extractivista.

La invitación es a participar masivamente, a caminar juntos y juntas desde Penco hacia Lirquén, a fortalecer la organización y a demostrar que las comunidades siguen dispuestas a defender la vida frente a proyectos impuestos y que amenazan los ecosistemas y las formas de vida del territorio.

(*) Lucio Cuenca Berger es director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile