El cambio supone imputar a los poderes públicos el deber de defender y preservar el medio ambiente con una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) sobre Derechos de la Naturaleza que también establecería la imposición de sanciones penales y administrativas a quien actúe en contra de los derechos garantizados por ella. Sin embargo, el proyecto no tendría un camino fácil en el Congreso.