La fiscalía nacional sueca consideró prescritas denuncias por adopciones ilegales al haber ocurrido hace más de 25 años, descartando también violación de derecho internacional al interpretar que sólo existió conflicto armado en Chile en 1973. El Congreso de ese país inició una comisión investigadora paralela, pero víctimas desconfían de la profundidad de las pesquisas.