Los padres de una de las afectadas interpusieron un recurso en la Corte de Santiago, donde piden que sean expulsados del recinto. El establecimiento asegura que los responsables se arrepintieron y se disculparon con las víctimas.

La investigación fue realizada por nueve profesionales de la salud y financiada por la Universidad de Chile, la empresa Uber Flash y Max Oemick, empresario ligado a la minería. Contó con el apoyo de la comunidad escolar, incluyendo en sus resultados información de 1.009 estudiantes y 235 funcionarios del colegio. Sus resultados apuntan a que hay que concentrarse en la transmisión de adulto a adulto para la reapertura de colegios.