La acción judicial fue interpuesta por Vania Figueroa, académica desvinculada de la Universidad de O’Higgins en dudosas circunstancias a fines de 2018. Su desvinculación motivó el término anticipado de un proyecto de Conicyt que entregó $87 millones a la UOH, la cual buscó no restituirlos presentando un informe que, según una resolución de Conicyt, fue adulterado.

Data Conversion Service, firma de origen suizo representada por Carlos Larraín Hurtado, se adjudicó una compra con la Agencia de Calidad de la Educación por $68 millones. Este organismo trabaja codo a codo con la División de Educación General del ministerio de Educación, cuyo jefe es su hermano Raimundo Larraín Hurtado, otro de los hijos del ex presidente de Renovación Nacional.