“El alcalde Jadue permitió que una de las dos torres ilegales construidas obtuviera una recepción final, edificio que ya está completamente habitado y por la otra aplica los artículos de la LGUC que le dan atribuciones para demolerla, lo que ha sido impedido por el máximo tribunal del país, razón más que suficiente para que se llegue a una conciliación con la inmobiliaria buscando que, previa compensación, se curse la recepción final de la torre que no se demolerá respetando la altura fijada en el PRC de Recoleta”.

Distintas organizaciones que trabajan temas de urbanismo, patrimonio y derecho a la vivienda han perfilado las características y acciones que debería agrupar el secretario de estado del gobierno entrante en materias de derechos sociales, fiscalización y vinculación con los territorios. Según informó la prensa ayer, el elegido sería el senador PS Carlos Montes. 

Distintas organizaciones han reunido antecedentes cronológicos para denunciar la forma en la que fueron construidas las decenas de torres habitacionales en altura bajo agrupamiento continúo -o guettos verticales- que actualmente se encuentran en la comuna.

Una decena de nombres ligados a altos círculos de poder están detrás de cuatro proyectos sobre la cota mil que ocupan ilegalmente una zona de preservación ecológica, la que se ubica entre dos zonas de crecimiento inmobiliario explosivo. Entre los implicados están Vittorio Corbo (hijo), José Luis Délano, José Antonio Rabat, Hernán Besomi, Michael Grasty, Alejandro Quintana, Arturo Majlis, José Miguel Rawlins y Domingo Undurraga.

Dos dictámenes judiciales consideran inválida la decisión de la Municipalidad de aprobar los permisos de edificación de los guetos verticales, y la obliga a repetir dichos procesos. Estos, además, deben considerar -esta vez- mecanismos de participación ciudadana, lo que incluyen como actores válidos a opositores, tales como Defendamos la Ciudad o Agrupación Defensa de Barrios de Estación Central.