La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrenta una compleja semana marcada por el revés judicial en la querella por Ley de Seguridad del Estado, un eventual informe adverso de Contraloría por sus solicitudes a la PDI los primeros días de Gobierno, publicaciones en redes sociales oficiales y críticas desde su propio sector por cuestionamientos a su gestión en materia de seguridad.

Según cifras de la Defensoría Penal Pública, actualmente uno de cada tres imputados con esta medida cautelar en la región de la Araucanía es mapuche. Entre 2009 al 2014 más de 30 personas de este pueblo indígena esperaron así su juicio y ninguno fue condenado, indican desde el Centro de Investigación y Defensa Sur. Ante ello, la huelga de hambre ha sido una forma de protesta.

La fundación creada por Agustín Edwards Eastman en 1992 ha entrevistado a imputados en la cárcel y a otros en libertad en el marco de un estudio titulado “Disturbios y delitos en tiempo de Protesta Social”, que ha contado con el apoyo de la Defensoría Penal Pública.