Un mes después de que Donald Trump firmara el decreto para evaluar a cárteles como organizaciones terroristas, el Departamento de Estado designó a ocho grupos latinoamericanos, incluido el Tren de Aragua y seis cárteles mexicanos. Al encuadrarlos en la lógica del terrorismo, Washington amplía el margen para acciones extraterritoriales más severas y reposiciona la lucha contra el crimen transnacional como un asunto de seguridad nacional.

A través de una nota de prensa, el gobierno estadounidense dio cuenta de una red de desinformación orquestada por el Kremlin, cuyo interés sería manipular informaciones en Latinoamérica. Para ello, esta red utilizaría medios de comunicación, entre los que se sindica a El Ciudadano. El medio nacional negó las acusaciones en un comunicado, respondiendo que “desmentimos vínculo financiero con el gobierno ruso o ser un instrumento de su propaganda, como falsamente se nos acusa”.  

Expertos en derechos humanos y de política internacional coinciden en que son temas relevantes para la administración de Biden, más que para Trump. Esto, entre otras cosas, explica el cambio de tono entre el reporte 2019 sobre DD. HH. y la versión 2020, donde se advierten abusos e impunidad en Chile.