La denuncia de la madre de un menor que nunca vio después del parto, revela que  una doctora le ofreció donar el cuerpo del recién nacido a la ciencia. Aunque se negó, le entregaron los documentos pertinentes, pero fuera de plazo. El fiscal del caso, Sergio Moya, se llevó una sorpresa: el fallecimiento de quien llevaría Claudio por nombre, no está inscrito en el Registro Civil. Un juez de garantía ordenó la entrega de la ficha clínica del menor, en esta historia que recién comienza.

El jefe del organismo decidió contabilizar sólo a las víctimas que presentaron querellas conjuntas con el INDH, con lo que en el último reporte oficial aparecen 173 casos. Antes del cambio de criterio -que contraviene las prácticas internacionales- había 460 casos, lo que se acercaba más al conteo que hacen las organizaciones de víctimas.

La empresa Cramick SA vendió a dicha institución 130 escopetas antidisturbios 'Meriva', calibre 12mm, por más de $47 millones. La compra se hizo a pesar de que hasta el general de Carabineros, Mario Rozas, suspendió el uso de este armamento en noviembre de 2019, y a la evidencia de que estas armas han causado ceguera y graves lesiones oculares al utilizarse como mecanismo de control de disturbios.

Hasta ayer 28 de abril las 24 camas UCI del centro asistencial estaban ocupadas; diez de ellas con pacientes Covid-19, habiendo otros casos de neumonías sin diagnóstico.

Según médicos y funcionarios de ese recinto el estudiante Gustavo Gatica no fue el único ni el primero en enfrentar la pérdida total de visión, ya que habría varios otros afectados por trauma ocular en ambos ojos que han llegado a ese lugar.