Desde la secretaría de Estado niegan que la normativa transgreda el Convenio, pero la preocupación en la Cámara radica en que las baterías de automóviles puedan ser usadas para la producción de drogas, acabar en países con normativas medioambientales más laxas y perder la oportunidad de crear una industria de reciclaje, preocupación que el mismo presidente Boric señaló en su investidura como diputado.