No. El nuevo régimen policial busca modernizar las instituciones, cambiando el paradigma del enemigo interno, donde parte de la población civil es apreciada como potencial amenaza. Además, esto evita la rigidez excesiva de la institución, sin que pierda atribuciones ni autoridad para el resguardo del orden público y la persecución de delitos, pero con mayores garantías de respeto de los derechos humanos.