Luego que Interferencia revelara que el Tribunal de Contratación Pública declarara ilegal la resolución que adjudicó el concurso, además de irregularidades detectadas por la Contraloría en el proceso, un grupo de parlamentarios republicanos oficiaron al Ministerio de Seguridad para recabar antecedentes del proceso. 

Un contrato por $9.626 millones fue adjudicado a Vigatec, para el arriendo de cámaras corporales. La empresa ya lleva más de la mitad del servicio ejecutado. Sin embargo, recientemente una sentencia del Tribunal de Contratación Pública declaró ilegales tanto a la Comisión Evaluadora como a la resolución de adjudicación del concurso.

El ministerio realizó más de 900 viajes al exterior entre octubre del 2019 y junio de este año. Esto significó un gasto de más de $860 millones. Todas esas compras se concretaron a través de Mercado Público, plataforma que busca la “transparencia y probidad”. Sin embargo, existe falta de información en las adquisiciones de pasajes y una evidente preferencia a ciertos proveedores, los que han estado vinculados a investigaciones judiciales.