Luego que Interferencia revelara que el Tribunal de Contratación Pública declarara ilegal la resolución que adjudicó el concurso, además de irregularidades detectadas por la Contraloría en el proceso, un grupo de parlamentarios republicanos oficiaron al Ministerio de Seguridad para recabar antecedentes del proceso. 

Documentos internos de la institución revelan que Carabineros debió solicitar la apertura de investigaciones administrativas contra dos de sus funcionarios civiles. Las indagatorias apuntan, por un lado, a Francisco Barison, sorprendido reuniéndose con una empresa tecnológica sin autorización ni registro formal; y por otro, a Francisco Acuña, denunciado por exigirle a un proveedor que incidiera en una nota periodística.