No tiene sede en ningún poder del Estado, pero en sus salas se resuelven —sin escrutinio público ni apelación— disputas millonarias entre grandes empresas, bancos, proveedores y contratistas que nunca llegan a la justicia ordinaria. Hasta hace pocos días la nómina de árbitros incluía a los actuales ministro Fernando Barros y el subsecretario Nicolás Balmaceda.