La instancia judicial obliga al Consorcio Santa Marta a cumplir con las medidas de reparación que incluyen retiro de escombros, auditoría externa, análisis de riesgo y un estudio técnico visados por la SMA. Sus socios pertenecen a la elite empresarial santiaguina, y el presidente de la empresa Guillermo Ruiz Pérez, al gremialismo, cercano a Longueira.