A 50 años del Golpe de Estado cívico-militar de 1973 los ánimos parecen ser distintos. Mientras el gobierno prepara una serie de conmemoraciones, los defensores de la dictadura comienzan a prepararse para defender legados, reescribir historias o al menos intentar contener una avalancha que asoma inevitable.

Desde el 2017 a la fecha, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Zapallar contrataron sin concurso público a la institución gremialista para la elaboración de informes, asesorías y capacitaciones. La alcaldía de Joaquín Lavín fue la que más gastó, pagando casi $38 millones mediante tres compras directas.

Junto a Natalia González, directora de asuntos jurídicos y legislativos del instituto ligado al gremialismo, también se aprobó el nombre de Bernardo Navarrete, académico de la Usach, propuesto por la DC. La falta de experiencia de ambos en temas de transparencia suscitó críticas, pero finalmente se impuso la lógica de la época del binominal.

Esta semana el Senado decidirá si la abogada Natalia González se integra como consejera a esa institución. Las críticas, también de gente de derecha, apuntan a su nula experiencia en temas de transparencia, mientras que sus partidarios acusan un “veto ideológico” de la candidata de Piñera para reemplazar en el Consejo al director de la Fundación Jaime Guzmán.

Una denuncia anónima a la Contraloría acusó a Jorge Jaraquemada de recibir doble sueldo. Si bien no hay inhabilidad en ejercer ambos cargos y percibir doble remuneración, este no quiso decir cuánto ganaba en el centro de estudios de la UDI al ser consultado por nuestro medio. En el consejo gana más de 7 millones líquidos al mes.