Los dirigentes que amenazan con paralizar el transporte son cercanos al oficialismo, pero no cuentan con el apoyo de las dos principales agrupaciones del sector. Ello ha llevado a muchos a sospechar que se podría tratar de una movida del gobierno para avanzar en su propia agenda legislativa.

Tras amenazas y ultimátums, los dirigentes gremiales se reunieron con el ministro del Interior, Víctor Pérez, consiguiendo -según afirman- la aceptación completa de un pliego de 10 puntos. Esto incluye un proyecto de ley que eleva las penas contra quienes atenten contra los transportistas, modificando la ley Antiterrorista, la que prácticamente ha sido empleada solo contra los indígenas.