Ese año la forestal del Grupo Angelini encargó a Luis Cordero un informe en derecho para evitar ser sancionados por encubrir el derrame. El abogado argumentó que los cargos debían ser desestimados, pues durante la fiscalización “se negaron derechos de la empresa”. La Corte Suprema y el Tribunal Ambiental rechazaron los alegatos, y Arauco tuvo que pagar $ 1.770 millones.