Después de que Interferencia revelara la existencia de informes en 2021, los afectados interpusieron un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que ordenó un informe al respecto. En éste, Alto Maipo reconoce su implicación en los informes, aunque asegura que el servicio contratado es legal.

En informes elaborados entre febrero y junio de 2020 para la controladora del proyecto, AES Andes, se asegura haber infiltrado chats de ambientalistas –además de entregar información sensible de estos– y se delata a trabajadores de Alto Maipo, llamándolos "Potenciales Terroristas Internos", todo en un contexto post estallido social. Desembolsaron más de $3 millones mensuales por el servicio.