La iniciativa busca crear una nómina de personas condenadas por delitos e incivilidades que perderían beneficios estatales y quedarían impedidas de realizar diversos trámites. Mientras el gobierno la presenta como una herramienta para enfrentar el deterioro de la convivencia, exautoridades y expertos advierten posibles conflictos constitucionales y cuestionan el uso de beneficios sociales como mecanismo de castigo.

24 profesionales compondrán el Comité de Expertos para elaborar la nueva propuesta constitucional. Paritaria entre hombres y mujeres, y entre derecha y progresismo, la mayoría estudió su pregrado en la Universidad Católica, mientras que solo 4 en la U. de Chile y 4 en la UDP. Promedian 47 años.