La acción judicial afirma que el almirante Julio Leiva Molina ha tolerado y financiado con gastos reservados una serie de seguimientos, amenazas, intercepción de llamadas telefónicas e intentos de infiltración en tribunales, cometidos por funcionarios de la Armada para amedentrar al magistrado Jaime Arancibia Pinto, quien lleva en Valparaíso un tercio de todas las causas de DD.HH. investigadas en el país.