La vicepresidenta del Partido Socialista acusa que la modificación legal propiciada por el gobierno -que establece multas hasta 4,9 millones de pesos por bloquear el acceso a playas- no tiene efectos prácticos, pues las intendencias y el ministerio de Bienes Nacionales siguen dependiendo de la colaboración de los dueños de los terrenos colindantes para fijar las vías de acceso.