No tiene sede en ningún poder del Estado, pero en sus salas se resuelven —sin escrutinio público ni apelación— disputas millonarias entre grandes empresas, bancos, proveedores y contratistas que nunca llegan a la justicia ordinaria. Hasta hace pocos días la nómina de árbitros incluía a los actuales ministro Fernando Barros y el subsecretario Nicolás Balmaceda.

A raíz de las críticas por el alza en el valor de los cilindros distribuidos por Gasco, Abastible y Lipigas, también se han levantado voces criticando la postura pasiva de la petrolera estatal que produce buena cantidad de ellos. En paralelo, la iniciativa para que distintos municipios pudieran ingresar al mercado y vender a menor precio ayer recibió un portazo de la Contraloría que exigió una ley que los autorice.