El mandatario vendió su parte de Minera Dominga en diciembre del 2010 por 138 millones de dólares, en un paraíso fiscal y asegurando que una de las cuotas de ese pago estaba condicionada a si el Estado no definía la zona como reserva natural. Diputados de oposición han deslizado la posibilidad de una acusación constitucional.