Las comunidades interpusieron una acción judicial el día después del asesinato de Yordan Llempi Machacan, quien habría sido abatido por infantes de la Armada. Según la argumentación de la defensa, la extensión de la medida gubernamental es ilegal y arbitraria, y pone en peligro la integridad física y psíquica de las familias del Wallmapu, como se evidenció en lo ocurrido en Huentelolén la semana pasada.