El máximo tribunal anuló la adjudicación del ITL -que contempla una inversión por US$193 millones- a un grupo de universidades extranjeras por sobre un consorcio de casas de estudio nacionales. Interferencia había informado que el principal financista de las universidades chilenas era una empresa que previamente había incumplido gravemente a Corfo, y ligada a un empresario cercano a altas figuras de la ex Concertación.