El contrato vigente desde junio de 2020, implica un préstamo de US$48 millones del BID y exige aportes locales por el mismo monto en 5 años. El órgano ejecutor es la Subsecretaría del Interior. Al 31 de diciembre de 2021, el BID había desembolsado US$2,6 millones  y se ejecutaron sólo US$330 mil. No se realizaron las reuniones del comité coordinador comprometidas y tampoco hubo aportes locales. Desde la administración anterior atribuyen las demoras a problemas burocráticos.