Las tres compañías y cinco altos directivos se concertaron para afectar a su favor, sin competencia, la adjudicación de los permisos de operación en 2020 y 2021. Según la Fiscalía Nacional Económica, entre 2017 y 2023 estas firmas concentraron el 90% de los ingresos de la industria de casinos en Chile. El organismo solicitó poner término a los permisos obtenidos “para que los perjuicios de este cartel no perduren por todos los años que duren las licencias que fueron mal obtenidas por los operadores”.

El histórico militante de RN -actual miembro de la Comisión de Expertos para la Nueva Constitución- representó ese año a la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, asistiendo a dos reuniones de lobby con autoridades de gobierno. Según Ribera, el gremio lo contrató para elaborar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional el que, finalmente, nunca se concretó.

La noticia de que altos mandos de las entidades compartían un grupo WhatsApp llamado “Coord.Temas Industria” -que hizo que Marina del Sol se delatara frente a la Fiscalía Nacional Económica- generó amplio rechazo entre los ministros Grau y Marcel junto con la CPC acusando que el hecho “afecta la fe pública”. Por su parte, Marina se querelló contra el ex ejecutivo de la firma que reveló, entre otros temas, la coordinación entre las tres empresas.

Al quiebre con los accionistas canadienses se suma ahora la demanda presentada en su contra por el ex gerente general de la operadora de juegos, Juan Francisco Muñoz. El gerente de Recursos Humanos también presentó una demanda y el ex gerente de y Finanzas presentará la en los próximos días.