El inicio de estos eventos letales que afectan a especies que están bajo protección de acuerdos y leyes nacionales e internacionales, ocurrió el 12 de septiembre pasado tras la denuncia del varamiento de un ejemplar de ballena Sei, el cual presentaba un amarre (cabo) alrededor de su cuerpo, entre el espiráculo (fosas nasales) y las aletas pectorales.

Un informe interno de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas apunta que 587 concesiones acuícolas están hipotecadas a bancos internacionales y nacionales, con compromisos que suman miles de millones de euros. La ley indica que, si caen en embargo, no pueden ser caducadas.